Venezuela es finalmente discutiendo una ley para la comunicación de las personas
AMARC EE.UU. EQUIPO – A principios de junio el proyecto de Ley de Comunicación Popular se han incluido en la agenda de discusión de la Asamblea Nacional de Venezuela. Este documento trata de llenar el vacío legal existente en el área de la comunicación del ciudadano, y para oficializar la participación del Estado en el proceso de desarrollo de la comunidad cada vez mayor número de, las organizaciones de medios de comunicación alternativos y populares.
Este borrador fue escrito en 2012-13 como parte de las diferentes regulaciones en cuanto a lo que los venezolanos llaman "Poder Popular", que tiene como objetivo desarrollar el país tradicionalmente estructurado en un país comunitario. Ahora, el Ministerio de Comunicación e Información han preparado diferentes reuniones y conferencias con expertos y los organismos de radiodifusión para recoger sugerencias, consejos y las mejores prácticas y presentarlas a los responsables políticos. Los puntos de interés de este grupo de expertos son:
- Este proyecto está muy centrado en la comunicación vinculada a un territorio específico limitado y dependiente de las organizaciones comunitarias. Así que este proyecto queda fuera de las posibilidades de los medios alternativos que no está definido por una comunidad geográfica, pero con una cobertura a nivel nacional o incluso internacional. Así que ellos proponen para incluir la expresión "medios de comunicación alternativa popular" sin vínculo territorial.
- El proyecto crea un Consejo Nacional Comunitario Popular, que estará formado por ocho miembros de la administración política y siete miembros de los medios de comunicación populares. Los expertos quieren los responsables de las políticas para incluir específicamente la representación de los diferentes formatos de los medios de comunicación existentes (radio, TV, prensa, Internet…).
- Como el proyecto establece, el estatuto jurídico de los organismos de radiodifusión será "empresas de producciones sociales y comunitarias". En la opinión de los expertos en este excluirá todos los otros proyectos con diferente estatus legal (asociaciones, cimientos, cooperativas…) que son actualmente los comunicadores y legítimos, por lo, obligándolos a cambiar su estado. Así que ellos recomiendan para incluir este tipo de organizaciones en la regulación también.