el secuestro y asesinato de Rafael Murúa

AMARC Europa quiere unirse a la voz y el apoyo de los medios comunitarios en Europa para nuestros colegas en México, que esta semana lloran la muerte del activista de la radio comunitaria Rafael Murúa Manríquez. A continuación, reproducimos el comunicado de prensa emitido por AMARC México y Artículo 19 en México.

Ciudad de México 21 de enero de 2019.- periodista Rafael Comunidad Murúa Manríquez, director de comunitaria Radio Kashana y miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que transmite desde la comunidad de Santa Rosalía, Baja California Sur, fue desaparecido y posteriormente asesinado por sujetos desconocidos el 20 de enero de 2019. Desde hace 2 años que había sido víctima de agresiones y amenazas y habían tenido las medidas de protección de las autoridades federales.

De acuerdo a la información recogida por ARTICLE 19 y AMARC México, a través de un pariente cuyo nombre se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, el periodista tuvo contacto por última vez en torno a 20:00 hrs. del 19 de enero “Rafael me llamó para preguntar si todo estaba bien. No sabía más hasta que a las 2:00 hrs. (Del día siguiente) he recibido la visita de una persona (cuyo nombre también se omite por seguridad), que supuestamente estaba con Rafael y que me informó de que le habían quitado “.

Esta persona vio Rafael por última vez, cuando salió del coche de la periodista a entrar en un edificio por unos momentos. Cuando regresó, vio las puertas abiertas y el motor sigue en pie, mientras que un hombre huía del lugar.

Rafael había sido víctima de agresiones y amenazas por su trabajo como comunicador desde 2017. Estos fueron agravados desde el 1 de junio de ese año, cuando una persona presuntamente vinculados con el crimen organizado comenzó a enviar mensajes intimidatorios que exigen que un puesto con respecto a una persona condenada ser eliminado y que las noticias en contra de la Secretaría de Marina (Semar) debe ser publicado.

According to the documentation of ARTICLE 19, the person who intimidated him at that time told Rafael that as soon as he eliminated the posthe could “go on to collect”(be paid). The journalist replied that he was not going to get into this matter, either in favour or against it, to which his interlocutor answered with a voice message: “I’m not asking you for a favour, I’m telling you to upload it, journalist!” from that moment, Rafael decided to self-censor himself, move temporarily outside his municipality with the support of AMARC Mexico and request his incorporation to the Protection Mechanism for Human Rights Defenders and Journalists.

Sus familiares informaron que el Mecanismo de Protección Federal, del Ministerio del Interior (Segob), asignado algunas medidas de infraestructura en su casa y un botón de ayuda, sin embargo, hasta hoy no han sido completamente instalado. Después de un período de desplazados en 2017, Rafael decidió regresar a su ciudad natal para continuar con el proyecto de Radio Kashana.

Posteriormente, el 29 de octubre, 2018, publicó en su página de #Gonzolador que estaba siendo amenazado por el presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado, a partir de un artículo publicado titulado “Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado”


En este blog, el periodista denunció que después de la publicación de ese puesto, en la noche “que se me advirtió que iban a asesinarme pronto. Dos días más tarde, una multitud de adultos llamó con fuerza, en varias ocasiones, las barras del garaje de mi casa. Inmediatamente en el otro extremo de la casa una bala rompió una de las ventanas del segundo piso “.

A partir de esto, los familiares confirmaron que Rafael constantemente afirmaba que tenía miedo. “Incluso me dijo que estaba seguro de que quería desaparecer y matarlo. Esto fue en diciembre de 2018, pero no estaba convencido de que dejar porque no quería dejar la radio comunitaria. “

It should be noted that the Attorney General’s Office of Baja California Sur issued a statement last night where it reported the finding of a lifeless body at kilometer 40 of the Santa Rosalía-San Ignacio road stretch, in the municipality of Mulegé, identifying Rafael Murder as the victim. In it, the state Attorney General said that “they proceeded to the insurance, packaging and registration in chain of custody of three packages with green and dry vegetable, with the characteristics of marijuana and other evidence.”

ARTICLE 19 y Capítulo AMARC México condenan la declaración emitida por la Fiscalía Sur de Baja California, que señala y hace hincapié en la supuesta constatación de “marihuana” cuando se encuentra el cuerpo de Rafael Murúa. Este pronunciamiento constituye un discurso oficial estigmatizante, que tiende a penalizar la víctima y omite el hecho de que
Murúa trabajó como periodista, así como las amenazas que sufrió y que se completa conocidos en el Estado.

Del mismo modo, mientras que en la declaración inicial del Fiscal General afirmó que el cuerpo del periodista fue encontrado con “varias perforaciones en el tórax”, horas más tarde, el mismo Fiscal General afirmó en una conferencia de prensa que Murúa fue encontrado con un disparo de bala en la cabeza. Estas inconsistencias indican la falta de rigor de la investigación y son una violación del derecho de los familiares de la periodista para saber la verdad.

Presidente López Obrador en sus primeros días de gobierno dijo que “vamos a dar protección a todos los ciudadanos y periodistas.” Hechos como los del periodista Rafael Murúa, no dar señales claras para cumplir con sus obligaciones de prevención y protección para los periodistas en el país.

En una carta abierta a las autoridades de MéxicoAMARC México exige que el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador reveló de inmediato la estrategia diseñada para asegurar una política de Estado que previene, protege, investiga y repara el daño de los crímenes y violaciónes de derechos humanos cometidas contra los defensores de derechos humanos y periodistas.

As Mexico is one of the countries with the highest number of murders of journalists in the world, the federal government has a high responsibility in guaranteeing protection to journalists, so that they can carry out their work without any type of intimidation, threats or any aggression. It is vital that comprehensive policies are adopted with preventive approaches but also the fight against impunity will be a totally essential factor in the face of this problem.

ARTICLE 19 y AMARC Capítulo México requieren que el gobierno de Baja California Sur, encabezada por Carlos Mendoza Davis, así como las autoridades del municipio de Mulegé, para cumplir plenamente, de manera eficiente y sin excepción, con su obligación de proteger y garantizar la libertad de expresión y el trabajo periodístico en el estado, la aplicación de las recomendaciones individuales, sino también estructurales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 91/2018, así como los emitidos dentro de la Recomendación general 24/2016, dirigida a todos los gobiernos estatales y municipales a tomar medidas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas en riesgo.

Del mismo modo, instamos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de ejercer su poder de atracción con respecto a la desaparición y posterior privación de la vida de los periodistas comunitarios Rafael Murúa Manríquez, y para investigar los hechos con diligencia, eficiencia y exhaustividad, teniendo como su principal línea de investigación de su trabajo periodístico y de las agresiones denunciadas anteriormente.

Por último, se requiere que el mecanismo de protección federal para dar cuenta de las acciones y omisiones generados por dicha institución en el caso, así como para garantizar la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la familia de Rafael Murúa, así como de la periodistas cerca de él. la.

Desde 2000 hasta la fecha, ARTICLE 19 ha documentado un total de 122 periodistas asesinados en México. Sólo dos meses después de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido dos asesinatos con alguna conexión probable para su trabajo: Jesús Alejandro Márquez en Nayarit, el 2 de diciembre, 2018, y Rafael Murúa Manríquez, el 20 de enero de 2019, en Baja California Sur.