La situación legal del sector español de medios comunitarios


En España las emisoras comunitarias se desarrollan durante la década de los 80 pero no es hasta 2010 cuando se produce su reconocimiento legal mediante la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la Comunicación Audiovisual Han trascurrido más de seis años de la entrada en vigor de esta Ley y no se ha adjudicado ninguna licencia de emisora comunitaria. A pesar de las solicitudes realizadas tanto por la ReMC (Red de Medios Comunitarios), las propias emisoras como por varias CCAA, [1]el Gobierno no ha planificado frecuencias para este tipo de servicios, ni en su modalidad de radio ni de televisión, ni tampoco ha establecido ningún procedimiento para su solicitud u adjudicación, Además, el gobierno nacional ha ignorado llos reiterados recordatorios legales realizados por el Defensor del Pueblo..

Diferente Gobierno regional también había excluido a los medios comunitarios en varios procesos de distribución de licencias se refieren a la falta de regulación nacional en cuanto a este tipo de emisoras de radio. La única forma de obtener licencias de radiodifusión ha estado participando en los concursos de licencias de radiodifusión comercial. En muy pocas ocasiones algunos medios de comunicación, en las pequeñas ciudades, los medios comunitarios han sido capaces de obtener una licencia comercial.

La aprobación de la esperada Ley General de la Comunicación Audiovisual no ha supuesto ninguna mejora a la situación legal de los medios comunitarios. Incluso podríamos decir que la situación ha empeorando porque se han seguido repartiendo licencias de radio y televisión en las que se excluye a las emisoras no comerciales. Al irse completando el dial con nuevas adjudicaciones de emisoras va quedando menos espacio para las emisoras que funcionan sin licencia que pugnan por los huecos libres en el dial. En algunas ciudades la situación es insostenible, sobre todo para las emisoras más pequeñas.

En respuesta a esta situación, la Red de Medios Comunitarios (ReMC) promovió varias apelaciones judiciales. Sin embargo, los tribunales no han considerado cualquiera de sus argumentos y también se les condena al pago de las costas judiciales. A pesar de esta situación, un centenar de estaciones de radio y televisión comunitaria 3 continúan su actividad de radiodifusión frente a posibles cierres y multas elevadas.

[1]Respuesta del Gobierno a iniciativa parlamentaria 184/000475 BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-76 de 17/04/2012 Pág.: 42 http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_076.PDF#page=42

Para obtener más información (en español) o el contacto www.medioscomunitarios.netJavier García. ReMC. javito.almenara@gmail.compara obtener información también en Inglés.